CORTE SUPREMA

La Corte convocó a una nueva audiencia por la situación carcelaria de la provincia.

Hoy tuvo lugar una nueva audiencia en la que la Excma. Corte Suprema de  Justicia de Tucumán convocó a representantes del Poder Ejecutivo provincial a fin de que informen sobre el estado de avance del cumplimiento del Habeas Corpus Correctivo.  

Participaron de la audiencia, el Ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Maley, el Ministro Fiscal, Dr. Edmundo Jiménez, la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Erica Brunotto, y el Fiscal de Estado Adjunto, Aldo Jarma.

Por parte de la Suprema Corte de Justicia de Tucumán (SCJT) estuvieron presentes su presidente, Dr. Daniel O. Posse y los vocales Dr. Antonio D. Estofán, Dr. Antonio Gandur, y la Dra. Claudia B. Sbdar.

El Presidente de la Corte informó que se solicitó al Poder Ejecutivo que presente un plan integral y único para la provincia en materia carcelaria con proyección al año 2020, con referencias concretas sobre la forma de lograr el aumento de las plazas carcelarias necesarias para ese año -las cuales se estiman en una cifra cerca de tres mil – y según los estándares internacionales.

Según el punto 4 de la sentencia del 15 de marzo de 2018, el Poder Ejecutivo también debía informar acerca de las medidas adoptadas para resolver la permanencia de personas en comisarías, en particular de aquellas que son aprehendidas y detenidas, hasta que se resuelva su situación procesal; el cronograma conforme el cual se planea aumentar el número de guardias penitenciarios y mecanismos de control intra penitenciarios para las personas privadas de libertad y personal penitenciario; el plan para sanear los problemas de higiene, falta de agua y adecuación del sistema de iluminación de las unidades penitenciarias en uso;  la forma en que se pretende prestar adecuadamente los servicios médicos; el cronograma de contratación para dotar de personal técnico capacitado al servicio penitenciario y un sistema de progresividad de la propuesta que cumpla con las mandas legales vigentes en la materia. Los funcionarios del Poder Ejecutivo realizaron una exposición oral sobre estos aspectos y dejaron un informe escrito a la CSJT que será evaluado por sus miembros.

Antecedentes: Tres sentencias previas con un mismo objetivo

Existen tres sentencias dictadas por la Corte con vistas a proponer soluciones para esta situación urgente.

En la primera- 13 de Agosto de 2015- la CSJT resolvió que el Poder Ejecutivo debía trasladar un total de 350 personas privadas de su libertad en un plazo máximo de 180 días debido a las malas condiciones en las que se encontraban, Además se le solicitó al PE que proceda a construir en el penal de Villa Urquiza una alcaldía con capacidad para 400 personas.

También se exhortó al Poder Ejecutivo a que reglamente la Ley N 8523 de creación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, organismo que debería ejercer el control de las condiciones de detención. Solicitud  que fue reiterada  en la segunda y tercera sentencia.

Por último se solicitó mejorar las obras en cada una de las Unidades y regularizar la situación de los detenidos por contravenciones a través  de la intervención de un defensor, la comunicación inmediata a un juez, la no conversión de la multa a días cárcel hasta tanto no se agoten los medios judiciales y extra judiciales para el pago de la misma y la permanencia en libertad del contraventor hasta tanto esta no se efectivice.

El 23 de diciembre de 2015 se dictó una segunda sentencia en la cual se dispone que la Oficina de Derechos Humanos y Justicia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dé seguimiento al cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras de infraestructura. Por otra parte, hace cargo a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia para que establezca un sistema de defensores para los contraventores.

En octubre de 2016 la Corte dictó una tercera sentencia en la cual se solicita al PE que presente un Plan Integral para contener la totalidad de la población penitenciaria con proyección a 2019 y se solicitó un plan de contratación de los agentes penitenciarios necesarios para tal fin.

Además, se exigió que, a través del Sistema Penitenciario Provincial, se brinde cotidianamente un servicio de cuatro comidas a los detenidos en comisarías, se establezca un mecanismo por el cual el Sistema Provincial de Salud realice estudios a todas las personas que se encuentran con prisión preventiva aun en comisarías, y se comisione un médico que asista a las seccionales al menos  dos veces por semana.

También solicitó que se presente nuevamente un plan de adecuación de infraestructura con partida presupuestaria para las comisarías conforme criterios internacionales: 4 metros cuadrados como mínimo por persona con condiciones edilicias seguras (conexiones eléctricas, sanitarias y matafuegos iluminación ventilación e higiene).Por último se inhabilitó para la permanencia de personas detenidas,  las comisarías 13 y 10.

En esta última sentencia, además de convocar a la Audiencia antes mencionada, la CSJT ordenó la inmediata clausura de las Comisarías 11 y de la Dirección de Investigaciones de Delitos Complejos como lugares de alojamiento, otorga un plazo máximo de 30 días para la habilitación de la Unidad 10 del Servicio Penitenciario y se traslade allí a las personas con prisión preventiva firma, otorga un plazo de 72 horas para que se informe la situación de salud de las personas alojadas en las Comisarías 1,4,8,12 y 13, de manera semanal ante la Secretaría Judicial de la Suprema Corte de Justicia de Tucumán.

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