Desde el pasado lunes 6 de septiembre, el Colegio de Juezas y Jueces en lo penal del Centro Judicial Capital se encuentra bajo la dirección de la Dra. Isolina Apás Pérez De Nucci -Presidenta- y el Dr. Gonzalo Ortega -Vicepresidente-. Ambos fueron elegidos de modo unánime por sus colegas en el marco de una reunión anual celebrada para renovar las autoridades del Colegio, como indica la normativa vigente (Ley N° 9.119).

Esta gestión inicia sus funciones con el camino que dejó trazado la fórmula saliente, conducida por las juezas María Alejandra Balcázar y Ana María Iacono (presidenta y vicepresidenta, respectivamente). Un año atrás, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT), ambas emprendieron la tarea de efectivizar su implementación en el contexto de restricciones que impuso la emergencia sanitaria (Covid-19).

En este sentido, la Dra. Apás Pérez De Nucci destaca el trabajo de los funcionarios funcionarias y el enorme esfuerzo y predisposición que demostraron todos los jueces y juezas, quienes llevaron adelante su labor diaria frente a la escasez de recursos humanos que persiste hasta la actualidad, tanto dentro del Colegio -donde falta la cobertura de 19 cargos- como en la OGA (Oficina de Gestión de Audiencias). Entre otras cuestiones, desde el 1 de septiembre de 2020, las audiencias se realizan en modalidad virtual, se implementaron dinámicas de turnos diarios y semanales y debieron sistematizarse las reglas y protocolos con las que cada una de ellas se cumpliría.

Pese a estas circunstancias, la celeridad y eficacia del sistema ha quedado ampliamente probada. Esto se ve reflejado en las cifras que dan cuenta de un aumento exponencial en el volumen de trabajo. Es así que, de informes estadísticos recientes, surge que se registró un aumento del 217% en la cantidad de audiencias celebradas mensualmente, con un promedio de entre 600 y 700 sentencias y/o medidas dictadas por mes durante los turnos semanales. Solo en el fuero de Ejecución penal, aumentaron en un 150% el volumen de legajos trabajados desde septiembre a la fecha. Desde lo cualitativo, puede verse cómo también se ha incrementado la participación ciudadana en los procesos generando, en consecuencia, una disminución en la tasa de abandono de las causas por parte de las víctimas.

El objetivo de la Dra. Apás Pérez De Nucci es continuar por este camino y profundizar sus consecuencias benéficas. Consultada sobre la tramitación de las causas bajo el sistema penal adversarial, es contundente: “Recién estamos empezando a ver los resultados de este sistema, pero ya resulta inconcebible pensar los procesos sin él”. Respecto de la virtualidad, considera y analiza: “lejos de resentir garantías constitucionales, ha implicado una eficiente optimización de los recursos humanos y económicos del Poder Judicial que redunda en beneficio de los operadores y de la sociedad toda. Se trata de una herramienta que da accesibilidad al sistema de justicia penal; que permite una participación activa de sus protagonistas y de la sociedad en general, contribuyendo de manera efectiva en la transparencia y publicidad de los actos. Asimismo, y en cuanto a los recursos, anteriormente si resultaba necesario, por ejemplo, recibir declaración a una persona detenida, esta era trasladada por el personal policial afectado a llevarla a la sede de Tribunales en el patrullero, quedando indisponibles para otra finalidad recursos materiales y humanos, como ser el móvil policial que quizás era el único de la zona. Hoy, con las audiencias virtuales, eso ya no sucede. No hay un dispendio de tiempos, ni de recursos y, en particular, víctimas desde el lugar en el que se encuentren, sin tiempos extras y sin erogación alguna, pueden a través de un link ser parte en una audiencia que involucra sus intereses”.

Asimismo, el Dr. Gonzalo Javier Ortega coincide en señalar que, a un año de la implementación del nuevo CPPT, el desafío es sostener lo logrado de forma consistente: “Los números de audiencias y sentencias recaídas en este primer año son muy alentadores. Ha cambiado diametralmente la mirada que tiene el justiciable sobre el fuero penal, la transparencia es uno de sus principales atributos. Hoy el juez dejo de estar en ese lugar que parecía inalcanzable y se puso en un lugar transversal conjuntamente con los otros operadores: tanto el MPF, las defensas técnicas (ya sea oficial o particular) e incluso la víctima se ven las caras en una audiencia que además es pública, y en el caso de la víctima, ésta tiene la posibilidad de expresarse como nunca antes lo hizo en un proceso penal. El sistema adversarial llegó para quedarse, y éste ya no sólo tiene como fin el descubrimiento de la verdad material y la eventual imposición de una sanción, sino la solución definitiva del conflicto entre las partes. 

En relación a las necesidades del fuero, agrega: “Lo mejor que le pasó al fuero es el cambio de sistema, pero el gran desafío es mantenerlo; y para ello debemos contar con más magistrados y realizar algunas reformas esenciales en el nuevo Código, las que surgen como necesarias después de un año de experiencia en el sistema, puntualmente en relación a algunos plazos, a la forma en que intervienen los jueces en los juicios orales, la constitución de los tribunales y demás situaciones a mejorar. Pero de éstas necesidades ya se está encargando la Corte, quienes comparten nuestra preocupación y apoyan nuestro trabajo y proyectos desde el inicio del sistema”.

En consonancia con estas necesidades, Apás Pérez De Nucci y Ortega han trazado un plan de acción. En primer lugar, planean instaurar un espacio de diálogo permanente con representantes y trabajadores de los distintos espacios que participan en la tramitación de los procesos. Es por ello que van convocar un encuentro interministerial con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Pupilar y de la Defensa, para desarrollar estrategias conjuntas que permitan alcanzar una mayor eficiencia y acortar el tiempo de tramitación que tienen algunas gestiones. Asimismo, en los próximos días mantendrán una reunión también con los coordinadores de las distintas Oficinas de Justicia (OFIJU) y con los responsables de la OGA, junto a quienes coordinarán la elaboración de protocolos de trabajo que faciliten la organización y transparencia de las acciones que llevan adelante en torno a las audiencias y distribución de la carga laboral.

Finalmente, ambos coinciden en destacar el compromiso de todas las personas que forman parte de la estructura del Colegio, tanto Jueces y Asistentes, como así también de todos los operadores del sistema, en el caso de la OGA sus funcionarios, coordinadores, audiencistas y notificadores, de igual forma en los Ministerios sus Fiscales y Defensores, sus Auxiliares e instructores, sin dejar de mencionar a los abogados particulares que son parte del gran cambio que estamos haciendo en fuero penal.